Pifiadas

Me preocupa este tipo de historia, en la que nic.ar deniega sin justificación el registro de un dominio. El hecho de que luego sí acepten un dominio prácticamente igual, pero con un color político diferente, es una muestra adicional de la discrecionalidad con la que estas cosas se administran en Argentina, pero también una bienvenida señal de que, a juicio de nic.ar, al menos la crítica a ciertos políticos es aceptable. La denegación meramente administrativa del registro de un dominio, en cambio, es una inadmisible restricción al derecho de libre expresión.

Hace un buen rato que estoy medio borrado del mundo, y la razón es que estoy muy embarcado en un proyecto que me fascina: Kikai Labs, un emprendimiento para producir impresoras 3D en Argentina.

Me tiene mal el vértigo: encontrarme hackeando a altas horas de la noche no es nada raro, pero sí lo es darme cuenta de que estoy hackeando madera, ganamos un “Premio Innovación” en BAIT, en dos semanas nos vamos a presentarla en Río de Janeiro para competir por un premio similar, salimos en la tele, vamos a estar en Tecnópolis, entre los seleccionados para el concurso innovación, tenemos gente alentándonos para que salgamos pronto al mercado (¡gracias! ¡créanme que estamos laburando a full! ¡por favor no nos linchen todavía!)…

Hay algunas áreas en las que nuestro gobierno nacional muestra una actitud claramente contradictoria con su auto-caracterización como antimonopólico, democrático y popular.

La de derechos de autor es una en el que no sólo defiende con desparpajo los intereses de las corporaciones, sino incluso adopta en tiempo récord leyes que las benefician en detrimento de la población.

Ayer, esta disonancia se manifestó de nuevo con dos noticias: por un lado la Presidente en Nueva York festejando lo satisfecha que está Monsanto con Argentina (¿desde cuándo las naciones están orgullosas de la aprobación de las corporaciones? ¿estamos admitiendo que nos tienen de hijos?) porque ahora que tenemos patentes, también “nosotros“ las defendemos. No conozco bien los datos, pero de lo que dice en el video se entiende que hay una patentes (¡la discordancia de número no es mía, señorita!) de una universidad argentina… junto con “inversores estadounidenses” (¿Monsanto?). Es decir, somos los nuevos campeones defensores de las patentes genéticas, incluyendo las de Monsanto. ¿Hace falta recordarnos que el tema de las patentes sobre genes ha sido ampliamente abusado en América Latina?

La General Public License (GPL) es un ejemplo de claridad. La versión 3, que es la más complicada de todas, tiene apenas 18 artículos, todos dedicados a otorgar permisos que el usuario de otro modo no tendría¹, tiene un preámbulo escrito en lenguaje muy sencillo explicando su intención, y está construida de tal manera que el esfuerzo requerido para violarla está fuera de la capacidad de la mayoría de los usuarios.

Hace algunos días, la Presidente de la nación, junto con varios de sus ministros, recibió a ejecutivos de Microsoft que venían a presentar un “plan de desarrollo sustentable” para Argentina. Militantes de la propia Presidente expresaron su decepción ante esa reunión en una carta abierta, que tuvo alguna repercusión en los medios. La ministro de industria, Débora Giorgi, respondió a esa carta abierta asegurando que “el software libre es política de estado” de este gobierno, lo que fue celebrado por sus autores como una muestra del compromiso del gobierno con el software libre.

Un grupo de abogados que hace rato está cultivando una quintita ha iniciado una “Cruzada para Tipificar el Delito de Suplantación de Identidad Digital”¹. con el fin de promover la sanción de dos proyectos de ley.

¿El problema? Que los “delitos” que esos proyectos criminalizan o bien son cosas que ya están tipificadas en el código penal (robo, estafa, etc), o bien no son tales, sino actividades que van de lo creativo y útil a lo picaresco, pasando por lo inocuo pero sin entrar en lo delictivo. Es el mismo tipo de legislación exagerada que llevó a que en EEUU la Corte Suprema deba decidir aún si desobedecer las condiciones de uso de un sitio web es delito.

Finalmente se ha confirmado lo que ya muchos sospechaban: el gusano conocido como “Stuxnet" fue diseñado por los Estados Unidos e Israel para sabotear una planta de enriquecimiento de uranio de Irán, siguiendo órdenes directas del presidente de EEUU.

Mientras tanto, en nuestros pagos, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas basa sus comunicaciones en productos de Microsoft, una empresa que no sólo produce el software que hizo posible a Stuxnet (MS Windows es el único sistema operativo en el mercado que es vulnerable a este tipo de ataques), sino que además tiene una larga tradición de colaborar con los servicios de inteligencia del país más virulentamente belicoso y prepotente de nuestra época.

Hace un par de días, la presidente de la República junto con varios de sus ministros recibieron a un funcionario de Microsoft para que éste presente el proyecto de “desarrollo sustentable” de la empresa para Argentina. Desde el sitio softwarelibreconCFK, que miembros del Movimiento Peronista Bloguero usan para propagar su honesta, pero poco fundada opinión de que el gobierno actual apoya al software libre, surgió una carta abierta (con la que coincido en términos generales, aunque me gusta más la que escribió Javier Smaldone) en la que lamentaban la reunión.

Y parece que cuando las urnas se calientan, emiten sus propios votos, ignorando los del electorado como acaban de descubrir que pasó en el Bronx en el 2010.

Mientras tanto, acá, en Argentina, nuestros legisladores insisten en la pésima idea de introducir el voto electrónico.

Hace unos meses la cúpula de SGAE fue arrestada por corrupción. Ahora ECAD, la gestora de derechos brasileña, está siendo acusada del mismo delito por una comisión parlamentaria.

Lo mío no es Schadenfreude. Es más bien un vago sentimiento de esperanza de que nos estemos dando cuenta de que las gestoras colectivas son parásitos de la cultura que causan mucho más daño que beneficio.